Las medidas apuntan a reafirmar la soberanía brasileña en el mayor pulmón del planeta. Según datos oficiales, el 56% de esa región está en manos de capitales foráneos. Lula sostiene que hay una disputa mundial por ese territorio.
El gobierno brasileño teme ver corporizado, en no mucho tiempo, un antiguo fantasma geopolítico: la “internacionalización” de la Amazonia.
Tiene en su poder datos que alarman: 56% de las propiedades amazónicas registradas en el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) pertenecen a individuos o empresas extranjeras. En base a ese diagnóstico, la Abogacía General de la Unión (organismo federal) prepara, a instancias del propio Palacio del Planalto, normas explícitas para prohibir la adquisición de tierras por cuenta de grupos jurídicos o de personas controlados exclusivamente desde el exterior.
“Es preciso establecer reglas urgentes porque hay una disputa mundial por las tierras brasileñas”, reconoció ante el diario Folha de Sao Paulo el titular del Incra, Rolf Hackbart. De acuerdo con información del instituto, de las 5,5 millones de hectáreas adquiridas legalmente en la Amazonia, 3,1 millones son latifundios pertenecientes a extranjeros. Para el presidente de la institución, dependiente del gobierno central, “no es una cuestión de xenofobia sino de soberanía”.
El lunes último, el presidente Lula da Silva sentencio en un discurso: “El mundo precisa entender que la Amazonía brasileña tiene dueño. El dueño es el pueblo brasileño”. Con inocultable enojo, replicó los cuestionamientos provenientes de grandes potencias mundiales en cuanto a que Brasil no cuida suficientemente de la selva tropical. “Es muy gracioso ver que países que son responsables por 70% de la poluición del planeta ahora miren el Amazona de América del Sur, como si nosotros no fueramos responsables de hacer aquello que ellos no consiguieron hacer el siglo pasado”.
Según el presidente brasileño, preservar la floresta no significa impedir el desarrollo de la región. Si fuera así, la población amazónica corre el riesgo de ser segregada por falta de condiciones mínimas para una vida saludable. “Allí viven más de 25 millones de personas que quieren tener acceso a los mismos bienes que se consumen en las grandes capitales. Y no hay derecho a negarles ese usufructo”.
En 1971, Brasil prohibió a los extranacionales disponer de la propiedad de más de 25% de las extensiones de un mismo municipio. Pautó también que cualquier operación de compra tenía que ser debidamente inscripta en los catastros oficiales. Sin embargo, una medida tomada en 1998 por el entonces Abogado General de la Unión, Geraldo Quintao, eliminó las restricciones y permitió a personas o firmas de afuera, pero que tuvieran una residencia formal en Brasil, adquirir posesiones en cualquier lugar del país sin necesidad de autorización previa. Pudieron entonces pasar actuar como si fueran brasileños. Por obra de aquella disposición, faltan ahora los instrumentos que impidan a los extranjeros quedarse con cuantas tierras quieran. Le tocará al consultor general de la Abogacía General de la Unión (AGU), Ronaldo Jorge Araujo Vieira buscar las soluciones jurídicas que se basen en el principio de la defensa de la soberanía nacional.
Según el propio Vieira, hoy las empresas extranjeras se asocian con brasileñas para adquirir grandes territorios, sin necesidad de entregar el paquete mayoritario. Hay medidas inmediatas que pueden ser realizadas por la AGU. Básicamente, sería desconocer la medida de 1998 y retrotraer la situación a 1971. Solo que esto no da total seguridad. Para eso, dijo el funcionario, será preciso una ley del Congreso que pongo fin a las asociaciones “espurias” entre extranjeros y brasileños con el fin de apropiarse de grandes extensiones selváticas.
Las decisiones que está preparando el gobierno se basan en la percepción de una nueva oleada de críticas formuladas al Brasil desde el exterior por cuenta de la devastación de amplias regiones de la floresta tropical. De hecho, la propia ex ministra de Medio Ambiente Marina Silva comentó, poco después de renunciar al cargo hace una semana, que hay un proceso creciente de desmonte. Dijo que existieron fuertes presiones políticas para frenar el proyecto de un “desarrollo sustentable del Amazonas”. Los cuestionamientos a sus políticas, que la llevaron a dejar el gobierno y volver al Senado, apuntaban esencialmente contra normas rígidas de licencias ambientales impuestas bajo su gestión ministerial.
