Es cierto que muchos periodistas argentinos, hoy en día, no tienen las obligaciones morales, que conlleva su práctica profesional, en el primer estante del armario de sus prioridades.
Es cierto también, que el periodismo de este país está viciado de “negocismo”, que la actividad se rige por valores y motores económicos, en un campo de acción donde abundan los favores políticos, los negocios con multimedios y los apoyos, incondicionales -con todo lo que significa esa palabra- a personajes oficiales o de la oposición.
No puede negarse que el creciente aumento de la acumulación de las empresas de medios, por parte de algunos pocos grupos económicos, es un factor real y extremadamente decisivo a la hora de componer el ámbito de trabajo de un periodista profesional. Es verdad que estas circunstancias no son propicias, ni las ideales, para elaborar, con mucha eficacia, el trabajo de un comunicador. El concepto de “no-subjetividad” está, ante este escenario, totalmente corrompido.
Los valores morales y las prioridades se distorsionan, antes si quiera de comenzar las investigaciones o las reflexiones para la opinión. Directa o indirectamente, el “valor noticia” se transfigura en un producto puramente estético y comercial.
Por estas razones, debería hacerse un trabajo intenso para mejorar la opinión profesional de la Argentina, tanto desde el Gobierno Nacional, como desde todos los sectores de la sociedad, especializados y no especializados. Y es por eso, también, que considero fuera de lugar a la intervención indirecta, por parte de la Presidenta, en la situación laboral de un periodista de Radio Rivadavia, que le había contestado, interrumpiendo el discurso de Cristina Fernandez, “¡Treinta por ciento de aumento me vino en la cuota de la escuela de mis hijos!”, cuando ella culpó al Grupo Clarín y cierto sector de la prensa de cuestionar las cifras oficiales sobre la inflación nacional.
Que alguien del Gobierno Nacional presione a un medio, para que despida a un periodista, no por haberse salido de su papel como tal, sino por haber supuestamente “ofendido” al gobierno, es un acto que corrompe con todas las ideas fundamentales de la libertad no sólo de prensa, sino de expresión.
La presidenta debería estar mucho más preocupada en combatir la inflación, de todas las maneras posibles, de hacer crecer a este país y de reformular para mejorar, sin vicios políticos, la Ley de Radiodifusión Nacional, que en las opiniones de un periodista que, como todos los ciudadanos, tiene derecho a opinar, le guste o no a la Presidenta.
La ecuación es simple: “Gobernar y dejar pensar”.
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