Mucho se ha hablado esta semana de la guerra “ideológica” entre el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín. El Multimedia se ha encargado de reflejar, en sus flash informativo y su primera plana, su apoyo ineludible a la libertad de prensa y la condena rotunda al nuevo y tristemente célebre “observatorio de medios”, como un amargo intento de convencer a sus fieles lectores, y a los que no lo somos también, de que el grupo empresario, de mayor porcentaje propietario en el “mapa de medios” de nuestro país, es una víctima de este conflicto, que, por cierto, no es ideológico, sino claramente económico.
Del otro lado, está el Gobierno de los Kirchner que intenta, con muy poco tino, convencer al pueblo de que la víctima, en este caso, somos todos los argentinos. Según las consideraciones de este “humilde” gobierno, todos nosotros, consumidores de noticias, estamos afectados por un multimedia enviado por Satanás. Lo cual, en primera instancia, parece ilógico e increíble.
Son dos costados de un debate que, repito, no es ideológico, sino claramente de negocios. Desenredemos un poco más esta cuestión, para entenderla con claridad.
El Grupo Clarín fue uno de los principales aliados del mandato de Néstor Kirchner, entre otros medios, gracias a una serie de “favores” realizados inmediatamente después que el Presidente tomara sus funciones. Entre varias de estas medidas políticamente estratégicas, aunque inmorales e ilegales, resalta la suspensión de la reconcesión de las señales nacionales de radiodifusión, por diez años. Dos meses antes del vencimiento del contrato de las empresas que hacen uso de los canales nacionales 9, 11 y 13, y el 2 de La Plata, conociendo la imposibilidad de renovar el poder de explotación de los mismos, porque, según un decreto aún vigente, las empresas que mantengan déficit en sus cuentas no pueden renovar el contrato con una señal de radiodifusión, siendo este el caso de estas, el presidente, para tener tranquilidad política, reflejada en los medios, decidió tomar esta medida.
Por eso, es necesario entender este conflicto como algo más que un debate ideológico, es necesario ver el trasfondo de la cuestión. Aquí hay un recelo, hay un negocio roto, un aliado que ya no lo es. En esto también tiene que ver el “arreglo” entre el Gobierno Nacional con el grupo dueño de canal 9, que permitió la entrega de la señal de radio Vale y el Canal 5, de la televisión por cable.
Tampoco hay que desconocer ni olvidar los sucesivos favores de publicidad estatal al Grupo Clarín, y la extorsión a medios opositores o independientes con el manejo de la pauta oficial. Tampoco hay que ignorar que este multimedia no es un santo, ni un bebé de pecho, sino el grupo de medios con más poder en nuestro país, hecho a base de negociados y favores a todo tipo de gobiernos, entre ellos, al de facto de 1976. Esta “amistad” con los presidentes militares le permitió nada menos que quedarse con un gran porcentaje del papel prensa, propiedad que favoreció decididamente en su crecimiento y oligopolización.
Son dos costados de un problema que es preciso entender. Comprender para tomar partido, quizá por ninguno de los dos, como propongo humildemente desde aquí. Tomar partido, en cambio, por una Ley de Radiodifusión Nacional, para dejar sin vigencia el decreto, mil veces modificado, que firmó Videla, para controlar con facilidad la totalidad del mapa de medios. Una ley que cuente con el debate público y de los sectores especializados en el tema: la Facultad de Ciencias Sociales, los medios empresariales, la opinión pública, los políticos, en definitiva: todos los argentinos.
Quizá este sea un bueno momento y una excelente oportunidad para hacerlo, ya que se ha comenzado a hablar de Ley de Radiodifusión, siempre y cuando, no sea otro intento de acomodar el mapa, a gusto y placer del Gobierno de turno.
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